El servicio se orienta a brindar asesoramiento, acompañamiento y capacitación en materia de legislación y derechos fundamentales de los pueblos y comunidades Afrocolombianas, Negras, Raizales, Palenqueras e Indígenas de Colombia.

 

Su objetivo general consiste en fortalecer el acceso a la justicia, la autoprotección jurídica y la garantía de los derechos fundamentales de estas comunidades mediante la provisión de asesoría legal especializada, promoviendo su autonomía y la defensa efectiva de su territorio, cultura y gobierno propio.

 

Para alcanzar este propósito, se han definido varios objetivos específicos, cada uno acompañado de actividades concretas.

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El primer objetivo específico busca difundir y socializar el marco normativo que protege a estos pueblos, con la meta de empoderar a líderes, comunidades y organizaciones sobre sus derechos y las herramientas legales disponibles.

 

Las actividades para lograrlo incluyen el diseño y la producción de material pedagógico como cartillas, infografías, guías prácticas y videos explicativos en lenguaje claro y accesible sobre leyes clave, entre ellas la Ley 70 de 1993, la Ley 21 de 1991 que incorpora el Convenio 169 de la OIT, la Ley de Origen y Derecho Mayor, el Decreto 1953 de 2014, la Ley 89 de 1890 y las sentencias de la Corte Constitucional.

 

También se realizan talleres y seminarios de capacitación, tanto virtuales como presenciales, en territorios colectivos y resguardos, abordando temas como consulta previa, gobierno propio, jurisdicción especial indígena, derechos territoriales y mecanismos de protección.

 

Asimismo, esta plataforma digital, soportada en IA que alberga la legislación, jurisprudencia, modelos de documentos como derechos de petición y acciones de tutela, y recursos de autoformación de los pueblos étnicos..

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El segundo objetivo específico se centra en brindar asesoría y acompañamiento jurídico directo, con la meta de apoyar casos concretos de vulneración de derechos mediante orientación legal profesional.

 

Para ello, se establecen canales de atención como línea telefónica, correos electrónicos y un sistema agil de citas para la recepción de consultas.

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Se realiza diagnóstico y análisis de cada caso, evaluando jurídicamente situaciones como conflictos territoriales, violación a la consulta previa, discriminación o amenazas a líderes, para determinar la ruta de acción más efectiva.

Además, se elaboran y radican las acciones legales pertinentes, como derechos de petición, acciones de tutela y acciones de cumplimiento, en conjunto con la comunidad, y se presentan solicitudes ante entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o jueces de la República.

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El acompañamiento también incluye la participación en escenarios de diálogo, asesorando a las comunidades en mesas de negociación con entidades del Estado o empresas privadas.

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El tercer objetivo apunta a fortalecer la capacidad institucional y la incidencia política, con la meta de influir en la correcta implementación de las normas y en la creación de políticas públicas que beneficien a los pueblos étnicos.

Las actividades comprenden la elaboración de informes y conceptos jurídicos, documentos técnicos sobre la aplicabilidad de la legislación étnica que se presentan ante el Congreso, las cortes, ministerios y autoridades locales.

También se incluye la participación activa en espacios de incidencia, asistiendo a audiencias públicas, mesas técnicas y debates de rendición de cuentas para posicionar la agenda de los derechos étnicos.

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De igual manera, se realizan jornadas de capacitación dirigidas a servidores públicos de entidades como la ANLA, la Agencia Nacional de Tierras, alcaldías y gobernaciones, con el fin de sensibilizarlos y formarlos en el enfoque étnico diferencial.

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Finalmente, el cuarto objetivo específico se orienta a generar alianzas estratégicas y sistematizar experiencias, con la meta de crear una red de apoyo sólida y documentar el conocimiento generado para replicar buenas prácticas.

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Se establecen alianzas con organizaciones mediante la firma de convenios de cooperación con universidades, clínicas jurídicas, ONG nacionales e internacionales y otras entidades defensoras de derechos humanos.

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Se sistematizan los casos y experiencias atendidos, documentando de manera detallada las estrategias legales utilizadas y los resultados obtenidos, siempre preservando la confidencialidad.

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A partir de esta sistematización, se publican y comparten aprendizajes a través de informes anuales, artículos o manuales de jurisprudencia étnica, contribuyendo así al conocimiento colectivo.

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La población beneficiaria directa de este servicio está conformada por los Consejos Comunitarios de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; los cabildos, resguardos y autoridades tradicionales indígenas; los líderes, lideresas y organizaciones sociales étnicas, así como las organizaciones de base que trabajan con estas comunidades.